La segunda semana de agosto –aquella que coincidió con el asesinato de un comunero mapuche- una delegación del gobierno de Michelle Bachelet viajó a Ginebra para presentar ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU un informe sobre las políticas públicas hacia el pueblo mapuche. El documento que entregaron a la delegación del organismo de Naciones Unidas contenía respuestas a 25 preguntas realizadas por el organismo multinacional, dossier que había sido preparado por el Comisionado presidencial para asuntos indígenas, Rodrigo Egaña, y por la ministra de Mideplán, Paula Quintana.
Al conocerse el contenido del texto, se transparentó también la posición del estado chileno ante la entrega de tierras: sólo para las comunidades que certifiquen títulos de merced; ningún reconocimiento de tierras ancestrales. Y ninguna explicación racional a cerca de la aplicación de la ley antiterrorista.
Ante la pregunta del comité respecto a qué medidas habían sido tomadas por el gobierno chileno para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos naturales que se basan en la ocupación y uso tradicional, el gobierno dio la siguiente respuesta: “Las tierras indígenas se encuentran en su mayoría demarcadas y sus límites son respetados. Desde finales del siglo XIX se aplicaron disposiciones legales que dispusieron la titulación de los Mapuche, habitantes originarios del país, proceso denominado radicación, que concluyó en el año 1929.” Es decir, según el gobierno, no hay nada que hacer. Todo está correcto y las demandas mapuches no tienen ninguna argumentación porque no hay tierras ancestrales que reclamar.
Bajo la tesis gubernamental al que reivindique u ocupe predios se le persigue y mata, como hemos visto. Porque violan el Estado de derecho. O como ha explicado la misma presidenta Bachelet: aquí se trata de violación a la propiedad privada, al mapuche se le aplica la misma ley que rige para cualquier otro ciudadano. No hay reivindicación política ni derechos ancestrales.
El gobierno en su conjunto no considera un aspecto crucial, que surge de la historia reciente chilena: los títulos de merced no tienen necesariamente relación con las demandas por tierras ancestrales, amparadas éstas en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los títulos de merced se entregaron durante la denominada “Pacificación de la Araucanía”, período que va desde finales del siglo XIX a comienzos del XX. De unos diez millones de hectáreas, se comprimió a la comunidad mapuche en escasas 500 mil hectáreas.
Pero a partir de allí surge un nuevo problema bajo la opacidad de los gobiernos, que es la pérdida progresiva de tierras indígenas. Con el paso de los años una proporción importante de aquellos títulos ya no son propiedad de comunidades mapuches, traspasados legal o ilegalmente a no mapuches.
“Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación”, dice la ONU
El artículo 26 de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas es lo suficientemente claro: “Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido”, en tanto“los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”.
Y aun más claro: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado”.
Cuando el gobierno, el empresariado forestal y El Mercurio insisten en el respeto al estado de derecho se refieren al statu quo que ha surgido tras la violencia, el robo, el atropello y el engaño, tras la imposición de una forma cultural sobre otra. Aquello, que es una excepción histórica, ha pasado a ser la legalidad, el único derecho, que es el de propiedad, en un Estado de inspiración neoliberal, a respetar.
El sábado 15 de agosto un editorial de La Tercera exhibió una vez más toda la inspiración reaccionaria que tiene la derecha, extendida también a gran parte de la Concertación, hacia el problema mapuche. Vale citar algunos párrafos, que son una panoplia de represión, neoliberalismo y políticas y algo de caridad. Represión: “Parece indicado que el Estado recurra a las medidas a su alcance para restablecer el imperio de la ley, lo cual debería incluir herramientas como la Ley Antiterrorista”. Neoliberalismo: “Si tras años de una política indígena enfocada hacia la entrega de tierras la zona mapuche aún exhibe los peores índices de pobreza (…) sería oportuna repensar las políticas diseñadas para superar estos problemas”. Y más: “La política oficial de otorgar un reconocimiento especial a la cultura mapuche –en aras de un mayor respeto a la diversidad- arriesga promover visiones disociadoras sobre la unidad del Estado chileno (sic); por otro lado, enfatiza una diferencia que los grupos radicales utilizan para exacerbar los ánimos y agudizar sus reclamos…”Caridad: “El discurso y la voluntad integradoras del gobierno, en suma, no se han traducido en políticas que hayan logrado que la población de la zona mapuche sea partícipe del progreso que ha experimentado el resto del país (sic) y que quiten sustento a estas acciones (…) Los resultados en esta materia obligan a buscar políticas públicas eficaces”. De tierras, de derechos, nada. Como vemos, el duopolio aquí no compite; reacciona unido.
Títulos de merced, no tierras ancestrales
La Ley Indígena, promulgada en 1993 durante el primer gobierno de la Concertación, prevé la restitución de tierras a comunidades mapuche a través de compras directas a sus actuales usuarios. Según información de CONADI, la demanda histórica llegaría a unas 60 mil hectáreas, sin embargo esta estimación se remite sólo a los títulos de merced.
El organismo gubernamental ha venido comprando tierras para restituirlas a sus propietarios ancestrales. Desde 1994, dice, ha repartido más de 600 mil hectáreas, pero ha dejado de lado lo referido a tierras ancestrales. El artículo 20 b de la Ley Indígena está relacionado con el financiamiento de los “mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, con motivo de cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, relativas a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas, provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas”. Sin embargo, un decreto publicado durante el gobierno de Eduardo Frei, el que hace alusión expresa a este artículo, dejó fuera las reivindicaciones de tierras ancestrales.
Las tierras que ha comprado la CONADI han sido predios de agricultores, pero no ha tocado las millares de hectáreas en manos de las forestales, controladas por los grupos Matte y Angelini. El peso de estas corporaciones en los centros de decisiones ha sido crucial en el manejo discursivo y policial del denominado conflicto mapuche.
En el catastro forestal del Instituto Nacional de Estadísticas se hallan plantaciones de árboles por 6,5 millones de hectáreas a lo largo del país. De este total, más de la mitad están explotadas en el País Mapuche: la región del Bío Bío, con 1,3 millones; Araucanía, con 650 mil y Los Lagos con 1,37 millones. El negocio forestal está firmemente anclado en esta zona y posee, como vemos, unos 3,6 millones de hectáreas, muchas de ellas reivindicadas por comunidades mapuches como terrenos ancestrales.
El negocio forestal tendrá este año unas exportaciones estimadas en más de 4.500 millones de dólares, concertados básicamente en los grupos Matte y Angelini, cuyas corporaciones en este rubro, pese a la crisis mundial, no revisten pérdidas. La CMPC del grupo Matte, que es la cabeza de serie de las forestales de este consorcio, tuvo ingresos por 1.170 millones de dólares al primer semestre del año, y Celulosa Arauco, de Angelini, ingresos por más de 1.500 millones de dólares.
El poder de estos negocios se ramifica e influye en las decisiones políticas. Una de sus caras es la Corporación de la Madera (Corma), patronal presidida por José Rafael Campino pero cuyo hombre más influyente es Fernando Léniz, uno de los primeros ministros civiles de economía de Augusto Pinochet, antiguo gerente general de El Mercurio durante los años del gobierno de Salvador Allende, empresario con posiciones en muchos rubros, además del forestal, y ligado a las empresas del grupo Matte. Pero también ha establecido vínculos con la Concertación. Léniz participó hacia el final de la dictadura en los acuerdos de la transición, presidió aquel delirante y arrogante proyecto para el V Centenario que remolcó por el Atlántico un iceberg a Sevilla y formó parte en aquellas comisiones transversales tan propias de la década pasada.
Los negocios del sector forestal tienen sus orígenes en la dictadura bajo el subsidio forestal o Decreto Ley 701. Una idea que se enmarcó como una forma de neocolonización de la zona mapuche al estimular la instalación de estos nuevos modos productivos empresariales.
El pensamiento que pergeñan los redactores y editorialistas de El Mercurio y La Tercera empata con una ideología de país en plena latencia que tuvo su expansión durante la dictadura. Lo poco que se había legislado a favor del pueblo mapuche durante el gobierno de Allende se borró durante los primeros años de Pinochet. En 1972 se había promulgado la Ley 17.729 que benefició a los mapuches en el contexto de la reforma agraria en pleno desarrollo, ley que fue borroneada en 1978 por un decreto militar que les restaba la condición de tierras mapuches a los predios y también la condición de indígenas a sus dueños. Lo que buscaban estos “legisladores” era fragmentar, dividir a las comunidades, enemistarlos y empujar a la venta de las tierras.
Subsidios a los más ricos de Chile
A la par vino el DL 701, dictado en 1974, que ha subsidiado desde entonces a los mayores grupos económicos chilenos. La última ampliación de la bula data de este año. ¿Y dónde está el libre mercado? ¿Dónde la tan sacralizada libre competencia? Simplemente, el lobbying que practican estos grupos los ha convertido en invulnerables; y los vínculos de Angelini con la Concertación son ya públicos. La degradación de la tierra, del medio ambiente, el monopolio productivo, la ocupación de tierras mapuches, la depredación del bosque nativo en beneficio de las plantaciones... Como si fuera poco, una bonificación del 75 por ciento de los costos de producción, inexpropiabilidad y otras franquicias tributarias. A lo que debiera llamarse escándalo, corrupción, se le llama “Estado de derecho”.
En enero de este año la Agrupación de Ingenieros Forestales le envió una carta a la presidenta Bachelet para impedir la ampliación de este injusto subsidio, que no hace otra cosa que aumentar y reforzar las desigualdades ya propias al modelo neoliberal. Como si la injusticia social y económica no fuera poca, el gobierno subsidia a dos de las familias más ricas del mundo: Arauco, de Angelini, ganó más de 2.500 millones de dólares entre los años 2000 y 2005. CMPC llenó los bolsillos de sus accionistas con casi 1.300 millones de dólares.
Lo que es aquí arriba, y subsidiado por el Estado chileno, no es abajo. El sector forestal todavía mantiene a los trabajadores en condiciones indignas de trabajo: en Chile –consignaron los ingenieros- hay 133 mil trabajadores forestales, de ellos, sólo entre el 25 y 30 por ciento tiene contrato permanente; el 82 por ciento se encuentra bajo la línea de la pobreza; la subcontratación ha dificultado la generación de derechos colectivos y el transporte subsiste debido a presiones para la baja de tarifas y a la amenaza de recurrir a empresas de mayor envergadura en caso de existir quejas.
“En las comunas rurales donde prosperan las plantaciones y la industria –dice la carta- los Índices de Desarrollo Humano del PNUD (basados en estudios de ingreso, salud y educación) son los más bajos del país”.
Y no sólo efectos perversos sobre la economía y el tejido social. También sobre el medio ambiente: “Un estudio reciente demostró que entre 1975 y 2000 se registró una reducción de bosque nativo equivalente al 67 por ciento en el sector del río Maule y Cobquecura, una de las zonas claves en el desarrollo forestal chileno”.
Pero cualquier intento de alteración a esta contradictoria estructura podría vulnerar el “Estado de derecho”.
PAUL WALDER
Publicado en Punto Final
GENTILEZA : PILKIL
