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martes, 20 de marzo de 2012
miércoles, 25 de enero de 2012
DESMIENTEN A SENADOR ALBERTO ESPINA , POR DICHOS EN PROGRAMA DE TELEVISION
A la opinión pública nacional e internacional; la comunidad Mapuche Antonio Ñirripil del sector Temulemu viene a aclarar lo señalado por algunos parlamentarios y personeros de gobierno, que en los últimos días han utilizado el nombre de nuestra comunidad, luego de la devolución de nuestro territorio Santa Rosa de Colpi por medio la adquisición de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a forestal Mininco.
1- La legalización del predio Santa Rosa de Colpi se logró gracias al esfuerzo y resistencia de los peñi y lamgen que debieron enfrentar la represión por más de 15 años, donde hubieron allanamientos, encarcelamiento de nuestro lonko Pascual Pichun Paillalao y otros miembros de nuestra comunidad acusados bajo la ley antiterrorista, además de persecución y exilio. Por lo mismo manifestamos enfáticamente que la devolución de nuestro territorio no es fruto de la conciencia y trabajo de algún político de ningún color partidario. Si reconocemos el trabajo de la administración del señor Jorge Retamal a la cabeza de la CONADI que logró el traspaso legal.
2- Nuestra Comunidad tiene posesión sobre el territorio desde el año 1999, cuando expulsamos de nuestro territorio a la empresa Forestal Mininco, desde aquella fecha hacemos uso y producimos autónomamente de este espacio.
3- Rechazamos lo manifestado por el senador Alberto Espina en el programa Tolerancia Cero de Chilevision el día 08 de enero de 2012, donde señala que habría una producción de Lupino con apoyo del gobierno. Repudiamos enfáticamente tal mentira y la actitud oportunista del señor Espina que solo busca afán electoralista con sus declaraciones que no se ajustan a la realidad.
4- En la actualidad la comunidad se apresta a cosechar 100 hectáreas de Lupino en el territorio recuperado, que es fruto del esfuerzo y recursos de los propios miembros junto a un pequeño empresario mapuche de la zona. A la fecha no hemos recibido apoyo económico alguno de este gobierno ni de los gobiernos anteriores.
5- Junto a estas aclaraciones queremos señalar nuestro compromiso con la lucha de nuestro pueblo y repudiamos la actitud sistemática de este estado en intentar justificar su violencia y política militarista vinculando a nuestro pueblo con los actos violentista sin ningún fundamento, como en el caso de la muerte de los 7 brigadistas en la comuna de Carahue.
Lof Temulemu, Wallmapu.
25 Enero 2012
viernes, 14 de octubre de 2011
Senador Quintana Vota Contra La Reforma Al Lucro En La Educacion Con Fondo Publicos
Senador Jaime Quintana del Partido Politico Por La Democracia ( PPD), de la region de la Araucania , y encargado de la comision de Educacion dentro del congreso nacional , VOTO CONTRA LA REFORMA A LA EDUCACION CON FONDOS PÚBLICOS , junto al senador Ignacio Walker Democrata Cristiano (DC) , Gran Disconformidad y sorprendidos estan los Parlamentarios del Conglomerado Politico Concertacion , ya que deberian haber votado a favor ,para poder iniciar la discusion en torno a los fondos publicos y que sean normados por la constitucion .
En otras palabras Quintana y Walker votaron como la derecha politica en chile .Restando su apoyo a los Estudiantes que llevan movilizados 5 meses .
miércoles, 31 de agosto de 2011
ERWIN GUDENSCHWAGER,SEREMI HACIENDA ES INCREPADO POR MAPUCHES POR INCUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS DE MITIGACION POR NUEVO AEROPUERTO EN TERRITORIO MAPUCHE
Comunidades que aceptaron el convenio Quepe pelales, que sirvió de trampolin para el plan araucania que le cuentiaron a Bachelette en la moneda (Arnoldo Ñanculef, Hugo Alcaman, Julio Suazo, Andres Molina, etc..),
B. seremi de hacienda, fue quien declaro e instruyo a indap que no se considerara a las comunidades opositoras al aeropuerto en el programa PDTI (programa de desarrollo indígena, que nada tiene de desarrollo ni menos de indígena), es un tipo de practica el terrorismo de estado, el comentario mal intencionado, y otras yerbas, claramente es uno de los responsables del fracaso de piñera junto a su patron Andres Molina, que son un desastre de gobierno a nivel regional, solo cuentos mediaticos, cero avances interesantes.
La verdad dirigentes de comunidades del sector evaluamos mal a la concertación, pero estos personajes simplemente superaron toda medida.
entrevista : Presidente Ayun Mapu Freire.
domingo, 15 de mayo de 2011
EUGENIO TUMA,SENADOR DE LA ARAUCANIA (PPD) , MATA AGRICULTURA MAPUCHE CAMPESINA .
Con 13 votos a favor (de la derecha y uno de la Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de mayo el Convenio Upov 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país.
El senador Eugenio Tuma (Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron decididamente la iniciativa.
Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos lesivos para la agricultura.
La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de obtentor”, por la compra de semilla campesina registrada por las trasnacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente.
La votación tuvo lugar en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y el gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con las transnacionales y de entrega del patrimonio del país.
INDIGNACIÓN CAMPESINA E INDÍGENA
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el Senado, habían mostrado ante la Comisión de Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysén, Rapal, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, Olca, y diversas organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores.
Por su parte, el mismo día de esta votación, la Red Legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado que se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales… El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”.
Entre otras organizaciones la red incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, a la comunidad huilliche Pepiukelen, y a representantes del pueblo RapaNui, del Consejo Nacional Aymara, la Alianza Territorial Mapuche, a Lakutun (Región Metropolitana), a Trawun Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de Tirúa sur.
Los indígenas también recordaron que “el Upov 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continúa viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.
VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO
La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y por la Cloc, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. De esta manera, las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que usurpan las cororaciones semilleras, ahora con la venia del Senado de Chile.
La Alianza por una Mejor Calidad de vida ha denunciado que este convenio privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla. Sostiene Alicia Muñoz, dirigente de Anamuri: “El agricultor deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile. Puede darse incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad.”
LOS AMIGOS DE MONSANTO
La iniciativa resistida por todas las organizaciones campesinas con base social, será remitida al presidente Piñera para su promulgación, según el boletín de prensa del Senado. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (Los Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule), y Antonio Horvath (Aysén RN).
Los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio citado. El senador Alejandro Navarro, criticó estos tratados y agregó que países claves en agricultura en América del Sur como Brasil y Argentina, se han adherido sólo a UPOV ‘78 y no al ‘91. Asimismo, hizo ver que las implicancias de este convenio debieron haber sido difundidas hacia la comunidad.
Por su parte, el senador Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que “afectará a los productores agrícolas nacionales”. También criticó la ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, “para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta”.
El senador Eugenio Tuma puso una nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a campesinos que salieron de la pobreza por construir invernaderos y pagar semillas de calidad. Sin embargo no entregó estadística alguna en respaldo de su anécdota.
UPOV Y LOBBY EMPRESARIAL
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Upov, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio Upov) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile el exitoso lobby empresarial para que Chile, firmante de Upov 78, adhiriese a Upov 91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de Anpros (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica. El Gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual.
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
sábado, 11 de septiembre de 2010
viernes, 30 de julio de 2010
jueves, 29 de julio de 2010
viernes, 18 de diciembre de 2009
DEFENSORES DEL MAR, EL PROYECTO DE LEY INSPIRADO EN LA LUCHA CONTRA LAS MALAS PRACTRICAS DE LA EMPRESA CELCO .
Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Navarro y Muñoz Aburto, que sanciona la celebración de acuerdos discriminatorios entre una empresa y sectores de la comunidad afectada con motivo de un proceso de evaluación del impacto ambiental.
Es de público conocimiento el desastre ambiental y ecológico provocado por los desechos industriales vertidos por la empresa Celco Valdivia, de la rama de la producción de celulosa, en el Río Cruces.
Justo en esa zona, sitio Ramsar, es decir, protegido por instrumentos internacionales referidos a humedales, especialmente aquellos que albergan aves migratorias, se solía reproducir una colonia de cisnes, la que se vio diezmada por los efectos de los residuos.
La responsabilidad de la empresa Celco es ya indesmentible, y probó no sólo la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental, sino también la patrimonial, pues el lugar de los hechos era además Santuario de la Naturaleza de acuerdo a la Ley N217.288 de Monumentos nacionales.
Luego de la intervención de diversas autoridades políticas, judiciales y administrativas, Celco buscó un lugar alternativo al Río Cruces para derramar sus RILES. Ubicaron entonces un sector cercano a la caleta de pescadores de Mehuín - Mississippi, lugar tradicional de extracción de pesca a baja escala por parte de mapuche - lafkenche de la zona, y por pescadores artesanales.
No obstante, la empresa Celco sufrió un duro revés al intentar ejecutar los estudios de impacto ambiental en esta nueva zona, pues los pescadores artesanales y los pescadores indígenas se aliaron contra cualquier intento en este sentido.
Ante esta oposición ciudadana, imágenes de video dieron testimonio de la intervención de la misma Armada de Chile, algunos de cuyos efectivos dispararon tiros contra los pescadores en "resistencia civil" contra Celco y nuestra débil institucionalidad ambiental.
Como nueva estrategia de la empresa mencionada ante la oposición ciudadana, vemos con extremo asombro las consecuencias de acuerdos celebrados entre la empresa y parte de los sectores organizados renuentes al ducto, al punto que los mismos que protestaban unidos hoy se atacan entre ellos.
Imágenes de video nos muestra como una turba violenta armada con piedras y hondas de los pescadores de Mehuín atacó, a inicios de 2007, la sede de los "Defensores del Mar". Al mismo tiempo, un Vocero de los "Defensores del Mar" fue obligado a renunciar por los dirigentes de manera violenta. Estas situaciones no han sido aisladas, y todo indica que la defensa de los pescadores artesanales pasa por las grandes cantidades de dinero desembolsadas o comprometidas por Celco.
Una de las contrapartes, Joaquín Vargas, Presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Mehuín, reveló ante las pantallas de Televisión nacional [1] la cuantía de los acuerdos:
1. 3 millones de pesos iniciales a todo evento, para cada pescador.
2. A la primera incursión un millón un medio más.
3. A la segunda incursión otro millón y medio mas.
4. Al aprobarse el Estudio de Impacto Ambiental, un millón mas.
5. Al tirarse los primeros Residuos industriales líquidos, un millón más.
6. Más, 2 ingresos mínimos mensuales por 10 años, hereditarios, De salir mal los informes, los dos ingresos mínimos se pagan igual.
7. Finalmente, la empresa paga cerca de 300.000 pesos mensuales por 10 años asegurados para quien "se comprometa a no oponerse al proyecto".
En total son como 40 millones de pesos por cada pescador. Una suma jugosa y en extremo irrechazable para los humildes pescadores, y mucho más barata que el reemplazo del ducto por tecnologías de punta y no contaminantes.
Iván Flores, Intendente de la Región de los Ríos señaló que estaban preocupados por estos hechos, pero "no pueden detener un acuerdo entre privados".
No obstante, los hechos de violencia provocados por esta división en la ciudadanía local se han repetido constantemente. Así, en diciembre de 2008 se denuncia la agresión en contra de Estanis Paillan Pacheco, un miembro del Comité de Defensa del Mar, brutalmente golpeado por cuatro personas, frente a testigos. Los reportes de prensa señalan "A los pocos minutos, y ante el alboroto generado por los gritos, salió en su defensa el werken lafquenche y vocero del Comité de Defensa del Mar, Boris Hualme. Al instante, los cuatro individuos agresores arrancaron hasta perderse en la noche. "Por las características y la situación de los hechos, esto nos da claras señales que este nuevo ataque estaba totalmente planificado, ya que al otro día, en la mañana había una actividad relevante para quienes negociaron con la Celulosa", dijo Boris Hualme. Sin embargo, los hechos continuaron. Cuando iban saliendo de Mississippi, tuvieron que detenerse ante un grupo de personas que portaban piedras, quienes increparon a Carabineros por llevar detenidos a dos sujetos "pro-Celco"."[2]
A nuestro juicio, los hechos suscitados en Mehuín - Mississippi podrían repetirse en cualquier parte del país, pues sin perjuicio del resultado final de una evaluación de impacto ambiental, su preparación, desarrollo o ejecución, es decir, todo el "Iter" o camino de un proyecto, no puede verse distorsionado por acuerdos patrimoniales que perturben el proceso de fiscalización ciudadana ambiental, particularmente en lo que dice relación con la participación ciudadana.
Menos una empresa puede presionar indebidamente los estándares ambientales y entregar a parte de un sector de la ciudadanía condiciones y beneficios superiores a quienes no quieren pactar con ellos la renuncia a sus derechos.
El derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación es un derecho humano. La renuncia a este derecho implica aceptar la renuncia a la dignidad humana y una grave fisura a la institucionalidad ambiental.
Todo ello implica aceptar, asimismo, una suerte de "coima privada", en la cual lo ciudadanos se ven tentados por sumas jugosas para no fiscalizar el medio ambiente, para aceptar la contaminación sin reproche alguno. Estas mordazas económicas, la permisión del silencio pagado, nos parecen inaceptables.
Por tanto, vengo en proponer en siguiente
Proyecto de Ley
Agregase el siguiente nuevo artículo 23 bis a la Ley N? 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente:
“Las condiciones, requerimientos o requisitos impuestos por la autoridad en los estudios de impacto ambiental, o los compromisos ambientales voluntarios asumidos por el responsable o titular del proyecto o actividad productiva no podrán jamás abarcar parcialmente a un sector de la población directamente afectada, tal que se provoque una discriminación arbitraria u odiosa entre estos y los otros miembros del mismo sector.
Serán nulas todas las prestaciones económicas encaminadas a dividir a la comunidad afectada, o celebradas para entorpecer la participación o la fiscalización ciudadana de los proyectos evaluados ambienta I mente".
La celebración de tales convenciones en contravención a las normas anteriores, incluso durante el proceso de evaluación ambiental, serán sancionadas de acuerdo al artículo 64 de esta ley. El mantenerlas en secreto se sancionará con la revocación de la resolución de calificación ambiental".
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN
SENADOR
PEDRO MUÑOZ ABURTO
SENADOR
GENTILEZA: ARIEL LEON
lunes, 19 de octubre de 2009
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