Esta es la primera vez que, en el período de la intendenta Nora Barrientos en Wallmapu, se aplica esta normativa especial, promulgada por la dictadura de Pinochet para perseguir opositores políticos y que otorga mayores facultades a las policías y al Ministerio Público. La Moneda había rehusado querellarse por esta normativa, siguiendo la línea establecida por la Presidenta Michelle Bachelet ante las presiones de organismos de derechos humanos.
Un giro en la política para enfrentar las reivindicaciones territoriales mapuches en Wallmapu mostró ayer el gobierno, que decidió invocar la Ley Antiterrorista en el caso de Miguel Angel Tapia Huenulef (45), activista detenido ayer jueves tras un violento operativo simultaneo registrado en la comuna de Lo Prado, región Metropolitana, y en el sector rural de Huichahue, comuna de Padre las Casas. Así lo confirmó ayer el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien se encontraba de visita en la ciudad de Concepción.
“En este caso se configuran todos los antecedentes de una organización o el intento de una organización terrorista, por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la Ley Antiterrorista en este caso”, afirmó el alto personero. A través de la abogada de la Gobernación de Cautín, Doris Tello, hoy el Ejecutivo presentará en el Tribunal de Garantia de Lautaro una querella donde se pedirá la aplicación de la citada legislación pinochetista.
La policía vincula a Tapia Huenulaf a un atentado incendiario en contra del fundo San Leandro, en Lautaro, el 12 de enero de este año y un ataque al edificio de la Defensoría Penal Pública de Temuko en diciembre del 2008. “Fue detenido y en su domicilio se le incautaron diversas especies entre ellas una subametralladora nueve milímetros con dos cargadores y elementos de explosivos los cuales eran para la fabricación de explosivos para el sector, además de 18 plantas de marihuana”, explicó el comisario de la 44° Comisaría, capitán Boris Morales.
Sin embargo, la familia del activista acusó un montaje, uso de excesiva violencia de parte de la policía, y aseguraron que el real problema era su origen mapuche. “Solamente por ser mapuches nosotros hemos vivido esto. Mi hermano siempre ha defendido nuestra propia causa que es la mapuche, todas las injusticias que nosotros hemos recibido hoy día tanto en el sur como acá en Santiago es solamente por ser mapuches”, alegó su hermana Alicia.
Tapia ya registraba otras tres detenciones anteriores desde 1998, ello por participar en movilizaciones de comunidades en conflicto con empresarios turisticos y madereras. En 1999 fue acusado de robo y daños en la hacienda Lleu-Lleu (VIII Región) y detenido junto a los ex miembros de la CAM, José Huenchunao y Eduardo Meñaco. En dicha ocasión, el gobierno presentó en su contra un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Contradicciones del gobierno
Esta es la primera vez que, en el período de la intendenta Nora Barrientos en Wallmapu, se aplica esta normativa especial, promulgada por la dictadura militar de Pinochet para perseguir opositores políticos y que otorga mayores facultades a las policías y al Ministerio Público. La Moneda había rehusado querellarse por esta normativa, siguiendo la línea establecida por la Presidenta Michelle Bachelet ante las presiones de organismos internacionales de derechos humanos.
En mayo de 2006, al referirse en Austria a las condenas de dirigentes mapuches, la Mandataria aseguró que “no voy a aplicar la Ley Antiterrorista, porque considero que la justicia ordinaria tiene bastante fuerza para actuar”. El propio Vicepresidente, Pérez Yoma reiteró en agosto de 2008 que no aplicarían esta norma en el marco de las reivindicaciones mapuches: “Es el juez el que decide qué ley aplica, pero a nosotros la Ley de Seguridad Interior del Estado nos da las mismas garantías”.
La decisión de aplicar este marco legal para investigar los delitos que se le imputan a Tapia Huenulef, coincide con el escándalo que desató el despido de la abogada Alicia Guzmán del Río (29), quien fue cesada en sus funciones por no concurrir a la audiencia donde el fiscal Sergio Moya formalizó a un joven mapuche por cuatro delitos terroristas. Mauricio Huaiquilao Huaiquilao permanece en prisión preventiva en la cárcel de Temuko como presunto autor del incendio que destruyó la propiedad del agricultor Eduardo Luchsinger en Vilcún, el 16 de agosto del 2008.
En entrevista dada al diario El Austral, la profesional sostuvo que había decidido no ir a tribunales porque el “gobierno no quiere aplicar la Ley Antiterrorista” y que es parte de las políticas públicas que la Presidenta Michelle Bachelet ha dado a conocer en sus discursos. La profesional agregó: “Mi no concurrencia tiene relación básicamente con que yo tenía conocimiento que el fiscal pretendía formalizar por infracción a la Ley Antiterrorista, hecho que en definitiva se aparta de las conclusiones que manifestó la Presidenta de La República, respecto de la no aplicación de esta ley, y eso no quiere decir que la querella se abandone”.
Satisfacción en la derecha
El senador Alberto Espina (RN), valoró el “cambio de actitud” del Ejecutivo para enfrentar las movilizaciones mapuches y que en los últimos meses han afectado intereses de agricultores y empresas forestales de Wallmapu. “Creo que esto es una demostración de que el gobierno reconoce que en esta materia ha actuado mal, con debilidad y con una tolerancia inexcusable respecto a grupos militares, frentistas, que provienen de fuera de la región como ha quedado demostrado con el nuevo detenido y el arsenal de armas incautado”, precisó el parlamentario.
El congresista fue enfático en sostener que espera que ésta no sea, como ha ocurrido en otras ocasiones, una simple declaración de voluntad, que tiene por objeto apaciguar los ánimos de las víctimas, pero que después “no se traduce en nada concreto”. Espina recordó que hace unos meses conversó el tema con el propio ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. “En esa ocasión yo le hice ver que él tenía todas las facultades para actuar con la Ley Antiterrorista y que la policía daba cuenta de casos que tenían por finalidad intimidar a una población y que se debía aplicar la normativa”.
Al respecto el senador Roberto Muñoz Barra (PPD), dijo que “si bien hay problemas pendientes con los mapuches, el Estado de derecho se debe aplicar a todos por igual. Yo lamento que estos grupos radicalizados estén dando una visión equivocada de la inmensa mayoría de comuneros que trabajan en forma pacífica”. El parlamentario PPD agregó que de las 1.800 comunidades que existen en la región, unas 15 ó 20 apoyan estos hechos radicales. “Los detenidos en los últimos meses son mapuches urbanos de otras ciudades y que durante el verano vienen a cometer estos hechos”.
GENTILEZA : PEDRO CAYUQUEO , AZKINTUWE .
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