Fiscalía resguarda centro de operaciones represivas en Puerto Choque
Cinco de los 12 peñi encarcelados por la emboscada al fiscal Elgueta se les acusa de "robo con intimidación" en perjuicio de este señor que habita en Puerto Choque, José Santos Jorquera. Hace décadas que las comunidades de Choque vienen denunciando a este colaborador de todos los organismos represivos desde la dictadura de Pinochet.
Su casa fue centro de retención y torturas en aquella época, hoy continúa prestando todo a su alcance para que las fuerzas policiacas y la inteligencia se asienten en el área y puedan engañar, intimidar y coaptar para obtener información, además de estructurar la violencia que constantemente ejercen sobre las comunidades mapuche en conflicto.
La acusación de "robo" que reace contra los cinco peñi, no es más que una de las medidas de protección hacia este señor y la importancia que tiene para la violencia policiaca-militar establecida en el lago Lleu Lleu.
El siguiente artículo fue escrito por un peñi de la zona.
"CAMPING LOS CASTAÑOS" CENTRO DE OPERACIONES DEL GOPE
En el recinto de José Santos Jorquera, en el "Camping Los Castaños" (Lleu-Lleu) se refugian hace más de un año; el grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE). Desde aquí se han estado organizando los diferentes allanamientos, que tienen por objetivo detener y encarcelar a los weichafe (combatiente mapuche) que han decidido enfrentar en forma directa a los órganos represivos financiados y alentados por el gobierno de la concertación.
Desde el año pasado, es casi cotidiano ver entrar y salir vehículos de distintas características a este recinto. Es un hecho que aquí se ha montado un cuartel permanente de carabineros para monitorear las actividades de las comunidades del sector. Desde aquí se coordinan con la PDI y otros organismos policiales. Es un hecho que la totalidad de los teléfonos celulares de la zona están intervenidos, así lo señalan fuentes cercanas al lugar.
Además, los servicios de inteligencia policial (OS7, SIP, PDI y otros ) no han escatimado en esfuerzos para convencer a comuneros y familias de sectores aledaños, para que sirvan de testigos protegidos (testigos sin rostro) para acusar e incriminar a sus propios hermanos mapuche. Asi quedó en evidencia en la reciente detención de 11 peñi, que fueron delatados por 12 testigos protegidos.
De cualquier forma, las detenciones realizadas responden a una estrategia de aniquilamiento planificada desde la ANI( Agencia Nacional de Inteligencia) la cual se vio fortalecida por el mentado ex ministro del interior señorito Felipe Harboe, el cual profesionalizó a la policía chilena en cursos “antiguerrillas”; financiando distintos cursos en el extranjero. Capacitación que recibieron incluso algunos fiscales, como Mario Elgueta.
Es la misma época en que el mando institucional de carabineros estaba a cargo del general José Alejandro Bernales; período en el que la represión contra las comunidades en conflicto se agudizó, con allanamientos masivos y violentos, como el recientemente efectuado en Puerto Choque y sectores aledaños al lago Lleu-Lleu.
No por casualidad, "el teniente" a cargo del reten de Tirúa (ex GOPE), fue uno de los cientos de funcionarios que se adiestró en la guerra de Irak (la famosa "Misión de Paz") y en la actualidad dirige los allanamientos efectuados en la zona de Tirúa. Este individuo es conocido por la brutalidad con que desarrolla estos operativos. Reconocido es por su destacada participación en el Gope de Santiago y por sus andanzas en la Villa Francia, donde cuan Rambo hacía de las suyas.
En definitiva la respuesta de los organismos policiales (PDI- GOPE), responde a la criminalización que el estado chileno ha hecho del conflicto mapuche (hace ya años) y que busca entre otras cosas proteger las inversiones de las empresas forestales apostadas en el sector por más de una década. Es así como veremos nuevamente al gobierno chileno en su rol de juez y parte en el terreno que más le acomoda, en los tribunales.
La lógica de dividir para reinar implementada en políticas públicas, a través de instituciones como Orígenes, Conadi, etc. esta rindiendo sus frutos. Toda vez que por medio de programas asistencialistas se quiere hacer creer a la familia mapuche que pueden acceder a un mejor nivel de vida, accediendo a proyectos de subsistencia, que tienen por objetivo detener el avance de la propuesta de control territorial y autonomía que viene reivindicando el movimiento mapuche en sus distintas expresiones y formas.
Al fondo se puede ver al Fiscal Mario Elgueta y la fiscal regional Ximena Hassi, quien está a cargo del proceso condenatorio de los últimos 12 presos políticos mapuche.
GENTILEZA : LEUFUCHE Y LUIS AGUILAR
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