Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Navarro y Muñoz Aburto, que sanciona la celebración de acuerdos discriminatorios entre una empresa y sectores de la comunidad afectada con motivo de un proceso de evaluación del impacto ambiental.
Es de público conocimiento el desastre ambiental y ecológico provocado por los desechos industriales vertidos por la empresa Celco Valdivia, de la rama de la producción de celulosa, en el Río Cruces.
Justo en esa zona, sitio Ramsar, es decir, protegido por instrumentos internacionales referidos a humedales, especialmente aquellos que albergan aves migratorias, se solía reproducir una colonia de cisnes, la que se vio diezmada por los efectos de los residuos.
La responsabilidad de la empresa Celco es ya indesmentible, y probó no sólo la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental, sino también la patrimonial, pues el lugar de los hechos era además Santuario de la Naturaleza de acuerdo a la Ley N217.288 de Monumentos nacionales.
Luego de la intervención de diversas autoridades políticas, judiciales y administrativas, Celco buscó un lugar alternativo al Río Cruces para derramar sus RILES. Ubicaron entonces un sector cercano a la caleta de pescadores de Mehuín - Mississippi, lugar tradicional de extracción de pesca a baja escala por parte de mapuche - lafkenche de la zona, y por pescadores artesanales.
No obstante, la empresa Celco sufrió un duro revés al intentar ejecutar los estudios de impacto ambiental en esta nueva zona, pues los pescadores artesanales y los pescadores indígenas se aliaron contra cualquier intento en este sentido.
Ante esta oposición ciudadana, imágenes de video dieron testimonio de la intervención de la misma Armada de Chile, algunos de cuyos efectivos dispararon tiros contra los pescadores en "resistencia civil" contra Celco y nuestra débil institucionalidad ambiental.
Como nueva estrategia de la empresa mencionada ante la oposición ciudadana, vemos con extremo asombro las consecuencias de acuerdos celebrados entre la empresa y parte de los sectores organizados renuentes al ducto, al punto que los mismos que protestaban unidos hoy se atacan entre ellos.
Imágenes de video nos muestra como una turba violenta armada con piedras y hondas de los pescadores de Mehuín atacó, a inicios de 2007, la sede de los "Defensores del Mar". Al mismo tiempo, un Vocero de los "Defensores del Mar" fue obligado a renunciar por los dirigentes de manera violenta. Estas situaciones no han sido aisladas, y todo indica que la defensa de los pescadores artesanales pasa por las grandes cantidades de dinero desembolsadas o comprometidas por Celco.
Una de las contrapartes, Joaquín Vargas, Presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Mehuín, reveló ante las pantallas de Televisión nacional [1] la cuantía de los acuerdos:
1. 3 millones de pesos iniciales a todo evento, para cada pescador.
2. A la primera incursión un millón un medio más.
3. A la segunda incursión otro millón y medio mas.
4. Al aprobarse el Estudio de Impacto Ambiental, un millón mas.
5. Al tirarse los primeros Residuos industriales líquidos, un millón más.
6. Más, 2 ingresos mínimos mensuales por 10 años, hereditarios, De salir mal los informes, los dos ingresos mínimos se pagan igual.
7. Finalmente, la empresa paga cerca de 300.000 pesos mensuales por 10 años asegurados para quien "se comprometa a no oponerse al proyecto".
En total son como 40 millones de pesos por cada pescador. Una suma jugosa y en extremo irrechazable para los humildes pescadores, y mucho más barata que el reemplazo del ducto por tecnologías de punta y no contaminantes.
Iván Flores, Intendente de la Región de los Ríos señaló que estaban preocupados por estos hechos, pero "no pueden detener un acuerdo entre privados".
No obstante, los hechos de violencia provocados por esta división en la ciudadanía local se han repetido constantemente. Así, en diciembre de 2008 se denuncia la agresión en contra de Estanis Paillan Pacheco, un miembro del Comité de Defensa del Mar, brutalmente golpeado por cuatro personas, frente a testigos. Los reportes de prensa señalan "A los pocos minutos, y ante el alboroto generado por los gritos, salió en su defensa el werken lafquenche y vocero del Comité de Defensa del Mar, Boris Hualme. Al instante, los cuatro individuos agresores arrancaron hasta perderse en la noche. "Por las características y la situación de los hechos, esto nos da claras señales que este nuevo ataque estaba totalmente planificado, ya que al otro día, en la mañana había una actividad relevante para quienes negociaron con la Celulosa", dijo Boris Hualme. Sin embargo, los hechos continuaron. Cuando iban saliendo de Mississippi, tuvieron que detenerse ante un grupo de personas que portaban piedras, quienes increparon a Carabineros por llevar detenidos a dos sujetos "pro-Celco"."[2]
A nuestro juicio, los hechos suscitados en Mehuín - Mississippi podrían repetirse en cualquier parte del país, pues sin perjuicio del resultado final de una evaluación de impacto ambiental, su preparación, desarrollo o ejecución, es decir, todo el "Iter" o camino de un proyecto, no puede verse distorsionado por acuerdos patrimoniales que perturben el proceso de fiscalización ciudadana ambiental, particularmente en lo que dice relación con la participación ciudadana.
Menos una empresa puede presionar indebidamente los estándares ambientales y entregar a parte de un sector de la ciudadanía condiciones y beneficios superiores a quienes no quieren pactar con ellos la renuncia a sus derechos.
El derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación es un derecho humano. La renuncia a este derecho implica aceptar la renuncia a la dignidad humana y una grave fisura a la institucionalidad ambiental.
Todo ello implica aceptar, asimismo, una suerte de "coima privada", en la cual lo ciudadanos se ven tentados por sumas jugosas para no fiscalizar el medio ambiente, para aceptar la contaminación sin reproche alguno. Estas mordazas económicas, la permisión del silencio pagado, nos parecen inaceptables.
Por tanto, vengo en proponer en siguiente
Proyecto de Ley
Agregase el siguiente nuevo artículo 23 bis a la Ley N? 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente:
“Las condiciones, requerimientos o requisitos impuestos por la autoridad en los estudios de impacto ambiental, o los compromisos ambientales voluntarios asumidos por el responsable o titular del proyecto o actividad productiva no podrán jamás abarcar parcialmente a un sector de la población directamente afectada, tal que se provoque una discriminación arbitraria u odiosa entre estos y los otros miembros del mismo sector.
Serán nulas todas las prestaciones económicas encaminadas a dividir a la comunidad afectada, o celebradas para entorpecer la participación o la fiscalización ciudadana de los proyectos evaluados ambienta I mente".
La celebración de tales convenciones en contravención a las normas anteriores, incluso durante el proceso de evaluación ambiental, serán sancionadas de acuerdo al artículo 64 de esta ley. El mantenerlas en secreto se sancionará con la revocación de la resolución de calificación ambiental".
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN
SENADOR
PEDRO MUÑOZ ABURTO
SENADOR
GENTILEZA: ARIEL LEON
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