La Comunidad Autónoma de Temucuicui, ante los últimos acontecimientos en materia judicial, comunica a la opinión pública mapuche, chilena e internacional lo siguiente:
1.- Como es de público conocimiento, hace algunos días ha sido formalizado en una audiencia secreta el supuesto testigo protegido que tiene el Ministerio Público en contra de nuestros hermanos y que los mantiene hace ya varios meses en prisión preventiva. A pesar de que esta persona esta formalizada por los mismos delitos terroristas que la fiscalía imputa a nuestros peñi, se ha asignado otro RUC (Rol Único de Causa) a su expediente, por lo que es imposible para los abogados defensores acceder a la información de su causa, que permitiría preparar una mejor defensa para el juicio oral, además de que es bastante obvio que, a pesar de ser un proceso “distinto”, el fiscal usará la misma información en el juicio contra nuestro peñi imputados. A nuestro juicio, su formalización obedece a presiones en contra de la fiscalía por tener a un sujeto, quien supuestamente habría participado en delitos calificados como terroristas, como testigo protegido y sin haber sido formalizado por estar cooperando con los fiscales. Sabemos también que la Ley 18.314, en su artículo 4°, permite la delación compensada, por tanto lo más probable es que esta persona no sufra ninguna pena considerable en la eventualidad de que sea condenada, sin perjuicio de que su relato, además de falso, no tiene como ser rebatido al no tener mayores antecedentes sobre su identidad.
2.- Denunciamos asimismo el nulo respeto que tiene la fiscalía por la garantía del debido proceso, ya que además de esta irregularidad, recordemos que la denuncia de torturas en contra de Felipe Huenchullán, en las que habrían participado funcionarios de Investigaciones y Carabineros, además de estar presente el fiscal Miguel Ángel Velásquez, no tuvo mayor efecto y fue derivada a la Fiscalía Militar, entidad que es conocida por no resolver nada (baste mencionar los casos de Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, asesinados por carabineros) y que tiene escasas posibilidades de ser imparcial, ya que tanto el juez como el fiscal pertenecen a la rama uniformada y son quienes investigan y juzgan a otro uniformado.
3.- Actualmente Chile se encuentra bajo la mirada de organismos internacionales que están constantemente abogando porque cumpla con los tratados internacionales que ha suscrito en materia de Derechos Humanos, como por ejemplo la Convención Internacional contra la Tortura o los que dicen relación con derechos civiles y políticos. Baste mencionar que el artículo 9.3 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos ordena al Estado que la aplicación de la prisión preventiva debe ser excepcional, sin embargo, en las causas asociadas al llamado “conflicto mapuche”, la prisión preventiva se ha convertido en regla general e incluso ha llevado a la fiscalía a solicitar esta medida contra menores de edad. El mismo Tratado menciona prohíbe la tortura y ordena que los procesados sean separados de los condenados, cuestión que escasamente ocurre tratándose de imputados mapuche.
4.- La arremetida del estado chileno contra las comunidades mapuche ha encontrado nuevos objetivos para presionar a dirigentes y autoridades tradicionales. Es así como se ha procesado a menores de edad pertenecientes a comunidades que están recuperando tierra, como asimismo las policías interroga a los niños mapuche en sus escuelas y de camino a sus casas para preguntar por sus familiares. Sobre estos últimos casos, recordemos que se practicó una violenta detención en contra de Bania Queipul Millanao, en el establecimiento educacional en donde ella estudiaba, para ser formalizada y acusada injustamente con la posterior absolución por parte del tribunal.
5.- La policía, bajo las órdenes del fiscal Velásquez, ha actuado con violencia excesiva en este caso y para empeorar las cosas, en el juicio respectivo se ha demostrado que el Ministerio Público ni siquiera tenía pruebas suficientes en contra de la lamngen, ya que todas las acusaciones eran infundadas, lo que demuestra que todas estas prácticas obedecen al crimen de lesa humanidad denominado persecución política, ya que Bania Queipul Millanao es sobrina de José Queipul Huaiquil, imputado por diversos delitos de carácter terrorista, hermana de Victor Queipul Millanao, también imputado e hija de Víctor Queipul Huaiquil, quien es el longko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui y que ha sufrido una serie de hostigamientos por tener tal cargo, como detenciones arbitrarias, sometimiento a registros con diferentes excusas, entre otros.
6.- En estos casos, como en otros que se repiten en todo el Wallmapu, el estado chileno ha diseñado una política de ataque sistemático a las comunidades mapuche, ya sea, torturando sicológicamente a los niños de las comunidades con historias falsas sobre sus familiares; torturando físicamente a los procesados en las comisarías y, peor aún, fuera de ellas; persiguiendo a un grupo en razón de su origen étnico y cosmovisión, lesionado la integridad mental de los comuneros mapuche, entre otras conductas, todas las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad y genocidio, sancionados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tratado que Chile está próximo a ratificar, ya que está adecuando su legislación interna para incluir estos delitos, como por ejemplo, la reciente ley 20.357, que penaliza algunas de estas conductas.
El reciente anuncio de la creación de una brigada especializada en “conflicto mapuche” viene a confirmar nuestros dichos, es decir, que esto se trata de un régimen institucionalizado de opresión por parte del estado chileno en contra de la Nación Mapuche, de un verdadero “apartheid criollo”.
A pesar de que el uso de testigos protegidos ha permitido que se encarcele a un número importante de comuneros mapuche bajo el calificativo de “terroristas”, recientemente el Ministerio Público ha sufrido un duro revés, cuando el 4 de junio la Corte de Apelaciones revocó la medida de prisión preventiva que pesaba sobre nuestro peñi José Queipul Huaiquil, acusado de cortar un camino en el sector de Niágara, ya que los ministros encontraron insuficiente la prueba del testigo protegido presentada por el fiscal Sergio Moya. Aun cuando nuestro hermano sigue en prisión preventiva por otros delitos que investiga el fiscal Miguel Ángel Velásquez, y considerando que mantenemos nuestra desconfianza en la justicia chilena, creemos que los montajes de la fiscalía están llegando a niveles tan bajos y burdos que los ministros de la Corte de Apelaciones no pueden menos que rechazar este tipo de medidas, ya que finalmente es injustificable el que se encarcele a personas inocentes con pruebas de dudosa veracidad como las que ha estado usando la fiscalía durante los últimos años. Un atropello tan grosero a los derechos humanos no puede mantenerse por más tiempo, muy a pesar de empresarios, latifundistas y fiscales, cuando la mirada internacional está constantemente recordando que se respeten estos derechos.
Finalmente, no nos queda más que seguir apoyando a nuestros hermanos y a los prisioneros políticos mapuche en general, sobre todo a los que recientemente han comenzado una huelga de hambre para que se derogue la Ley 18.314 o antiterrorista, manifestar nuestra firme convicción en que se puede reconstruir la Nación Mapuche a través de las reivindicaciones territoriales, seguir abogando porque se respete el debido proceso en las encarcelaciones fraudulentas de hermanos mapuche en todo el Wallmapu, repudiar la persecución política en contra de comuneros y autoridades tradicionales y seguir luchando por la libertad de todos los prisioneros políticos mapuche.
Libertada a todos los Prisioneros Políticos Mapuche
Comunidad Autónoma de Temucuicui, Wallmapuche,
GENTILEZA : Comunidad Autónoma Temucuicui
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