ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA (OMCT)
Ginebra, 13 de agosto de 2010. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su preocupación por la seguridad y la integridad personal de los prisioneros miembros de comunidades mapuches que se encuentran realizando una huelga de hambre desde hace ya un mes, en cinco diferentes centros carcelarios de la región del Bío Bío y de la Araucanía en Chile, con el fin de solicitar, entre otras cosas, que no se les aplique la ley antiterrorista1 en causas que los involucran judicialmente.
La OMCT ha conocido que 31 prisioneros mapuches adelantan actualmente una huelga de hambre en cinco penales del sur de Chile, la cual comenzó el 12 de julio de 2010, con el fin de presentar varias solicitudes, entre ellas: que no les sea aplicada la ley antiterrorista; que los juicios a los que ellos son sometidos sean justos; que no sean procesados por la justicia militar ya que esta no goza de la imparcialidad necesaria para juzgar delitos en que intervienen civiles2, y que los crímenes cometidos contra miembros de sus comunidades por cuerpos armados no continúen impunes3. Piden también la desmilitarización de las zonas mapuche en las que sus comunidades reivindican derechos humanos, políticos y territoriales, y que no se criminalice la protesta social.
Se ha informado que en la actualidad en Chile se encuentran bajo procesamiento judicial un total de 58 personas mapuche o personas que llevan a cabo actividades relacionadas con el pueblo mapuche, y que de ese total cinco se encuentran ya condenadas y 42 se encuentran en prisión preventiva detenidas en diversos centros carcelarios, mientras que otras 11 personas están cumpliendo medidas cautelares en libertad. Entre los delitos que se les imputan, o por los cuales cumplen condena, están los de incendio terrorista, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, amenazas terroristas, y asociación ilícita terrorista (ver al respecto diferentes acciones urgentes en la página Internet: www.omct.org ).
La OMCT señala que la aplicación de la legislación antiterrorista a los mapuches juzgados por hechos de protesta social ha sido cuestionada, ya que esta ley no garantiza adecuadamente el debido proceso porque, entre otras, permite que durante el proceso se mantenga el secreto de la investigación por largos períodos; admite la protección de los testigos sin rostro lo que favorecería la fabricación de pruebas; posibilita la interceptación de las comunicaciones del imputado, aplica la prisión preventiva impidiendo la aplicación de otras medidas distintas como por ejemplo la libertad condicional y, establece una elevada penalidad, que en varios casos duplica la penalidad establecida en la legislación ordinaria.
Varios órganos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Relator Especial de Derechos Indígenas, ya han instado al Estado chileno a que revise la aplicación de esta legislación especial a los mapuches juzgados por hechos de protesta social, y a que sea reformada dicha legislación para evitar que su aplicación sea arbitraria.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la OMCT urge a las autoridades de Chile a que tomen de manera urgente todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad personal de todos los prisioneros mapuches detenidos en varios penales de Chile y a que liberen de inmediato e incondicionalmente a todas las personas mapuches que han sido detenidas como consecuencia del legítimo ejercicio de su libertad de expresión, opinión o manifestación, en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos. En caso de que estos cargos existan, que sean llevados ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento.
Finalmente la OMCT llama al gobierno de Chile a que cese todo tipo de represión y de violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales contra los miembros de la comunidad mapuche y contra las personas que apoyan la causa mapuche en la defensa de la tierra.
1 Según las denuncias, la ley antiterrorista, implantada bajo el régimen militar chileno al mando del General Augusto Pinochet, viene siendo aplicada desde hace cerca de una década casi de manera exclusiva a los comuneros mapuches en juicios que los involucran por hechos relacionados con la protesta social. Se ha informado que aunque algunos hechos llevados a cabo durante manifestaciones de protesta social podrían constituir delitos, no se justifica la aplicación de la ley antiterrorista a estos casos, ya que la amplitud de esta ley posibilita que sea aplicada de manera arbitraria a hechos o delitos comunes que no tienen nada que ver con el terrorismo, y que deberían ser juzgados y sancionados por la legislación penal ordinaria.
2 La observación sobre la necesidad de que el Estado chileno reforme el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar, ha sido presentada al Estado chileno no solo por instancias de Naciones Unidas, sino además por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia en el caso Palamara Ibarne v. Chile (2005). Ver Corte CIDH, Caso Palamara, párr. 156, en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
3 Ver por ejemplo Llamado Urgente de la OMCT CHL 180809, difundido el 18 de agosto de 2009 .
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