La huelga de hambre de 32 comuneros mapuches se apoderó de la agenda de La Moneda ante los temores de un desenlace fatal, que no sólo empañaría las fiestas del Bicentenario, sino también puede generar un severo daño de la imagen de Chile en el extranjero. El gobierno recurrió al respaldo de la Iglesia, cuidándose de no aparecer en una negociación, por el alto costo que podría terminar pagando.
por Paula Canales e Ivonne Toro - 05/09/2010 - 11:39
El sábado 29 de agosto, mientras aún resonaban las críticas por la decisión del Presidente Sebastián Piñera de poner marcha atrás a latermoeléctrica Barrancones, a pocos kilómetros de Punta de Choros, el obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, se contactó telefónicamente con el ministro Cristián Larroulet. El sacerdote quería exponer otro flanco que ya se apoderaba de la agenda en La Moneda, como era la crítica situación en que se encontraban los 32 comuneros mapuches que se hallan hace 57 días en huelga de hambre. Vial, jefe de la Pastoral Indígena, pidió la intervención del gobierno y relató días después en la Conferencia Episcopal la impresión con que quedó tras hablar con Larroulet: la administración Piñera estaba en una posición muy dura y no tenía intención de cambiar la legislación para llegar a un acuerdo con los huelguistas.
La noche del lunes siguiente, luego de que el tema marcara la agenda del comité político de La Moneda, Piñera terminó la jornada convencido de lo contrario. Esa noche recibió en su despacho a la directiva del Instituto de DDHH y escuchó un detallado informe de la abogada Pamela Pereira sobre el motivo central de la huelga de los comuneros: la aplicación de la ley antiterrorista y estar sometidos a la justicia militar. Antes de abandonar la reunión, el Presidente les pidió una minuta sobre el tema. Adentro, dicen en la agrupación, Larroulet continuó sondeando la posibilidad de que el instituto mediara en el conflicto. La respuesta fue negativa: sólo estaban dispuestos a sentarse en una suerte de mesa de diálogo.
Era una de las primeras gestiones de La Moneda para desactivar un conflicto que preocupa al Presidente, quien está consciente de que la huelga, a diferencia de otras, puede tener un desenlace fatal (esta semana hospitalizaron a dos comuneros tras presentar descompensaciones de salud). No sólo eso. Luego de constatar en Argentina la celebración de su Bicentenario, marcado por las divisiones entre el gobierno de Cristina Fernández y la oposición, Piñera quedó convencido de que las fiestas del 18 de Septiembre debían tener un sello de unidad. La sola amenaza de que los comuneros iniciaran una "huelga seca" para presionar al Ejecutivo en vísperas de Fiestas Patrias podía complicar su plan.
De acuerdo al análisis de La Moneda, además, la causa mapuche puede generar un severo daño a la imagen de Chile. En esa línea, la presión se hizo sentir esta semana desde la comunidad internacional. El embajador de Inglaterra en Santiago, Jon Benjamin, se trasladó el martes al Congreso a recabar información. Desde las delegaciones de Austria, Canadá y Nueva Zelandia viajaron a la zona mapuche y la Comunidad Europea en Chile recibió informes sobre el tema por parte del Observatorio Ciudadano, que dirige José Aylwin.
EN DOS FRENTES
En el entorno de Piñera señalan que la noche del lunes, tras la cita con la agrupación de DDHH, quedó convencido de que debía dar un gesto "claro" a los comuneros para que depusieran la huelga. Así se lo hizo saber a los ministros Cristián Larroulet y Rodrigo Hinzpeter, quien al día siguiente anunció reformas a la justicia militar -al acotar su radio de acción en el mundo civil- y la ley antiterrorista, que apuntará a evitar la doble penalidad. El anuncio abrió de inmediato otro frente: la UDI no había sido informada y rechazaba de plano los cambios a la ley antiterrorista. "Esto es un exocet para la derecha en la zona", le dijo el diputado Gonzalo Arenas a Larroulet, durante un encuentro con otros parlamentarios.
Las conversaciones continuaron el martes y miércoles en dos frentes: el Congreso y la Conferencia Episcopal. Hinzpeter se contactó con los senadores de la UDI Juan Antonio Coloma, Jovino Novoa y Pablo Longueira para aplacar el rechazo gremialista y viabilizar el proyecto, que enviará este lunes al Congreso. También recibió a Novoa en La Moneda. La respuesta fue poco alentadora: en la UDI rechazaban en bloque los cambios a la ley antiterrorista. En paralelo, Larroulet recibía llamados del presidente del Senado, Jorge Pizarro, quien le ofrecía conformar un equipo técnico para aprobar rápido las leyes anunciadas por el Ejecutivo.
Desde La Moneda, Hinzpeter intentaba cerrar otros flancos. La tarde del miércoles se comunicó con la presidenta del instituto de DDHH, Lorena Fries. Les hizo ver a los mapuches que las modificaciones del gobierno representan un avance. Fries le insistió en que el instituto no podía cumplir un rol central, pero que estaba dispuesta a valorar la iniciativa. El ministro del Interior también tiró redes hacia la Concertación: pidió apoyo del senador PPD de la zona Jaime Quintana y agendó para mañana un encuentro con parlamentarios de la Concertación para medir la "temperatura".
A esa altura, las conversaciones con la Conferencia Episcopal no eran del todo fluidas. En julio, el gobierno había rechazado su proyecto de Indultos Bicentenarios y Hinzpeter señalaba en alusión al cardenal Francisco Javier Errázuriz que "a veces la Iglesia hace planteamientos en campos que no son los estrictamente propios de la confesión religiosa".
En La Moneda ahora recurrieron a la Iglesia, pero cuidándose de no designar formalmente un "mediador". El hacerlo implicaba asumir que se estaba negociando con los mapuches y, en el caso de que uno de ellos falleciera, la administración Piñera podría pagar un alto costo político.
Aun así, en medio de la carrera por la sucesión del cardenal Errázuriz, a fines de este mes, el obispo Alejandro Goic monitoreó de cerca el conflicto por los huelguistas. El presidente de la Conferencia Episcopal recibió un correo electrónico de los familiares de los comuneros y le encargó a uno de sus hombres, Enrique Palet, que tomara contacto con La Moneda. Uno de los diálogos de Palet fue con Larroulet, a quien le señaló que el clero apoyaba la designación de Manuel Camilo Vial como "mediador" en el conflicto y que en el clero querían cambios de fondo en el tema, tal como planteaban los familiares de los comuneros. El candidato de la Iglesia no concitaba apoyos en La Moneda, donde en algunos sectores lo veían proclive a los postulados de los huelguistas mapuches: ampliar la base del "diálogo" con el gobierno y reabrir un debate sobre sus problemas de fondo, que apunta a las tierras ancestrales que reclaman.
Por el contrario, el gobierno apostaba a que el obispo Ezzati fuera quien adquiriera protagonismo en el tema. No sólo por provenir de la zona en conflicto.Ezzati cuenta con experiencia en mediaciones: en 2007 fue mediador en el conflicto de Celco y el año pasado intervino en una huelga de hambre de trabajadores de forestales.
El problema, sin embargo, era otro. Ni Ezzati ni Goic, los dos candidatos a suceder al cardenal Errázuriz, querían en principio mediar en el conflicto. Tampoco Vial, quien estaba molesto desde que en 2008 intermedió en la huelga de la comunera Patricia Troncoso (Chepa) y ni los mapuches ni el gobierno de Bachelet cumplieron con los acuerdos para que depusiera la huelga.
El jueves, cuando en La Moneda ya empezaban a trazar otros planes, como convocar a una mesa de diálogo o intervenir directamente en las conversaciones con los mapuches, el ministro Hinzpeter se contactó con Ezzati. Fuentes de gobierno señalan que ese día le pidió tener una mayor intervención en el conflicto. Lo mismo hizo al día siguiente Piñera, quien pidió públicamente la ayuda eclesiástica tras un encuentro con los presidentes de todos los partidos. El tema mapuche había sido el central de la cita.
GENTILEZA : SAIHUEQUE
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