Estado de Chile está en falta con la comunidad internacional y durante años ha ignorado las recomendaciones de la ONU.

El país intenta ser un referente mundial en materia de DD.HH. y hoy compite para conservar el asiento en dicho consejo de la ONU, el que consiguió el 2008. Pero el Estado de Chile está en falta con la comunidad internacional y durante años ha ignorado las recomendaciones de la ONU. Ahora, con miras a esa candidatura, la administración Piñera comienza a tomar cartas en el asunto.
Con más de siete años de retraso, el Estado de Chile –en aquel tiempo gobernado por la Concertación– entregó el 2009, el último informe sobre discriminación racial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pero el atraso de Chile en esta materia no se queda en los informes, porque el proyecto de Ley contra la discriminación racial –enviado al parlamento el 2005– sigue estancado. Es decir, en nuestro país no existe la garantía legal de no ser discriminado y esta falencia se puede observar en diversas demandas que tiene el Estado, como el caso de la jueza Karen Atala –que hoy está frente a la Corte Interamericana de DD.HH.– a quien se le quitó la tuición de sus hijas por ser lesbiana.

Pero quizás, más preocupante que el atraso de Chile en la entrega del informe, son los comentarios que hace el comité de las Naciones Unidas frente a este, porque además de recomendar intensificar los esfuerzos para la adopción del proyecto de ley contra la discriminación racial, “El Comité observa con preocupación las alegaciones sobre abusos y violencia ejercida por parte de los carabineros contra miembros del pueblo Mapuche, en el contexto de allanamiento y otras operaciones policiales” y finalmente pide revisar la Ley Antiterrorista, algo que se hizo recientemente, tras la huelga de hambre de los comuneros Mapuche. Sin embargo, esta reforma es estudiada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, quien se reunirá con la Comisión Interamericana a fin de mes y esclarecerán si los cambios son suficientes, para cumplir con los estándares internacionales.

Demandas y denuncias contra el Estado de Chile
En Chile, existen 11 Convenciones Internacionales de DD.HH. vigentes, y es deber del Estado poder dar cumplimiento a todas ellas. Pero cuando en el país se han vulnerado derechos humanos contenidos en la Convención, la persona o grupo afectado, debe agotar todos los recursos internos para obtener justicia y en caso de que no lo logre, ahí acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentando una denuncia sobre el caso. La abogada de Corporación Humanas, Helena Olea, afirma que la última vez que revisó en la CIDH, “había alrededor de 60 casos activos contra el Estado de Chile”.

Los casos en la CIDH, involucran al poder judicial y a Carabineros de Chile, entre otros organismos del Estado, y tratan temas de discriminación, despidos infundados, aplicación indebida de la Ley Antiterrorista, violaciones a la libertad de expresión y principalmente, la vulneración de las garantías judiciales. El abogado experto en materia de derechos humanos, y director del Centro de DD.HH. de la UDP, Jorge Contesse, afirma que: “Cuando son muchas las demandas, eso te indica que a nivel interno los países no están proveyendo de instrumentos judiciales para poder garantizar y tutelar los derechos de las personas”.


Las denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana, se pueden convertir en demandas contra el Estado de Chile, si éste no sigue las recomendaciones que la Comisión hace frente al caso y esto es justamente lo que ocurrió con el caso de la Jueza Atala. La primera demanda que tuvo Chile, frente a la Corte IDH, fue por el caso “La última tentación de cristo” el 2001, sobre la base de la libertad de expresión. Existen tres casos más presentados posteriormente en la Corte, de los cuales dos están vigentes y se encuentran en estado de seguimiento de la sentencia. Aunque hay que agregar el caso de la jueza Karen Atala, que aún no ha sido notificado. La Cancillería explicó que: “Las demandas han versado, esencialmente, sobre garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, y protección judicial, artículos 8, 13 y 25 del Pacto de San José, respectivamente”.

Comité contra la tortura de la ONU: “Al Comité le preocupa que sigan recibiéndose alegaciones de delitos graves cometidos por agentes policiales en el desarrollo de sus funciones y lamenta las restricciones legales a la publicidad de tales actos en la actualidad, lo cual contribuye a que esos delitos permanezcan impunes”.
En estas instancias, quien representa al Estado de Chile es la Dirección de DD.HH. de la Cancillería, donde su director –el abogado Miguel Ángel González – tiene calidad de agente del Estado y es él quien litiga estos casos, coordinándose con los distintos organismos dentro de la administración del Estado, que sean pertinentes.

Helena Olea, es una de los abogados de Karen Atala y afirma que “la Cancillería tiene temas en los que está atada de manos” y lo dice por la actitud que ha tenido la Corte Suprema, quien “argumentando la independencia del poder judicial, se resta y no participa en las mesas de trabajo que hace el gobierno”, en referencia al caso Atala, donde la Corte se negó a participar en aquella instancia. A la vez, la abogada afirma que: “Todos los casos que han llegado a la Corte IDH, se originan en decisiones de la Corte Suprema… Aquí claramente hay un problema en la administración de justicia que está llegando a decisiones que son violatorias de derechos”.

Pero Chile no sólo ha recibido denuncias y demandas internacionales de la CIDH y la Corte IDH. La Organización de las Naciones Unidas, entregó el año pasado recomendaciones para proteger los Derechos Humanos en nuestro país, tras el informe que entregó Chile. Los temas más delicados eran: La Ley Antiterrorista, la Justicia Militar, los abusos cometidos por Carabineros, la discriminación y las condiciones carcelarias.

Carabineros está en falta

El comité contra la tortura de la ONU, en su examen del informe presentado por Chile el 2009, hace varias recomendaciones, dentro de las que destacan la modificación del Código de Justicia Militar y el control de las fuerzas policiales. “Al Comité le preocupa que sigan recibiéndose alegaciones de delitos graves cometidos por agentes policiales en el desarrollo de sus funciones y lamenta las restricciones legales a la publicidad de tales actos en la actualidad, lo cual contribuye a que esos delitos permanezcan impunes”, explica el informe de la ONU y agrega que las reformas legislativas son necesarias para el control de las fuerzas policiales, con el fin de que los actos contrarios a la Convención no permanezcan impunes y que la investigaciones “sean efectivas y transparentes”.

La preocupación de las Naciones Unidas, tiene que ver con el hecho de que entre el 2006 y el 2008, se presentaron 730 reclamos a Carabineros por malos tratos, de los cuales 383 corresponden a agresiones y 347 a violencia innecesaria, según el Informe anual sobre DD.HH. en Chile 2009 –elaborado por el Centro de DD.HH. de la UDP. Pero lo más impactante de este informe, es que un 78% de estos reclamos son rechazados o desestimados en las investigaciones internas de Carabineros, sólo en un 11% de los casos se toman “medidas disciplinarias”, en un 9% se produce desistimiento y en un 2% se hace un llamado de atención. Esto significa que Carabineros se autofiscaliza y sale en un 78% de los casos, con las manos limpias.

Los abusos cometidos por Carabineros en las protestas sociales ha sido excesiva, y el informe de DD.HH. de la UDP, afirma frente a esto que “una de las denuncias que la sociedad civil ha hecho sentir con mayor fuerza apunta a los abusos en que incurren las fuerzas policiales, que van desde detenciones ilegales a violencia innecesaria, aun con casos de muerte” y todo esto sucede en un Estado, que tiene el deber de cuidar la seguridad de los ciudadanos que se manifiestan, algo que claramente no se está cumpliendo.

Pero los problemas de Carabineros de Chile, no sólo se encuentran en su relación con los civiles, sino que también existen en su interior. Cuando a la abogada Olea, de Corporación Humanas, se le pregunta si Carabineros es una institución machista su respuesta es rotunda: “Evidentemente que sí. Carabineros ha tenido prácticas y políticas que claramente discriminan contra la mujer. Esto ha dado origen a muchos casos, por ejemplo el que nosotros representamos, de una mujer carabinero que fue investigada por que se sospechaba que era lesbiana”, atentando contra la honra y dignidad de esta carabinera, al allanar su morada e inmiscuirse en su vida privada y familiar. Este caso fue presentado a la CIDH, donde se logró una solución amistosa entre Carabineros y la afectada, el 2008.

La discriminación por parte de Carabineros no sólo es hacia la mujer, el abogado Jorge Contesse, afirma que “se han documentado situaciones de acoso por parte de Carabineros, en contra de personas de orientación sexual diversa”. Pero también existen otros tipos de casos, como el de Eduardo Perales Martines (ex capitán), presentado ante la CIDH, quien fue desvinculado de Carabineros en 1999 al hacer un chiste crítico sobre la institución, vulnerando su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y a las garantías judiciales. El informe de la CIDH explicaba: “El chiste se refería a la distribución de recursos para el personal de Carabineros como ‘el sesenta y pico: sesenta por ciento para los oficiales y pico para el resto”.

Además de la vulneración de los derechos mencionados, Carabineros ha violado el derecho de todas las personas al acceso a la información, porque como afirma el informe de DD.HH. de la UDP: “Amparándose en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, las páginas Web de las ramas de la Defensa Nacional y Carabineros publicaron de manera parcial la información exigida por la ley, no dando a conocer la lista de sus funcionarios de planta ni remuneraciones”, algo contrario a la Ley de Acceso a la Información que sólo establece la reserva cuando existe una ley de quórum calificado que declare la información reservada o secreta, cosa que no sucede en este caso.

Condiciones carcelarias
En Chile existe un 55% de sobrepoblación en las cárceles, porque la capacidad del sistema penitenciario es de 31.576 personas y hay más de 17 mil personas fuera de la capacidad real, como afirma el Informe Anual sobre DD.HH. en Chile 2009. Este informe utiliza datos de Gendarmería de Chile, donde se afirma que son más de 23 centros (de 101) los que albergan el doble de internos que deberían, e incluso hay recintos donde la sobrepoblación alcanza casi el 400% como el de Peumo.

Frente a esta situación, el comité contra la tortura de las Naciones Unidas, en su informe 2009, afirma que “le preocupan las informaciones recibidas sobre la persistencia de deficiencias en los centros penitenciarios, particularmente en lo relativo a las condiciones materiales, el hacinamiento y los abusos y sanciones injustificadas en la aplicación del régimen disciplinario”. A la vez, la Relatoría sobre Derechos de Personas Privadas de Libertad (visita 2008) concluye lo siguiente: “Un uso excesivo e innecesario de la fuerza y de los castigos, una práctica sistemática de malos tratos físicos por parte del personal de Gendarmería y el uso de medidas de aislamiento en condiciones infrahumanas” y “una práctica generalizada de registros corporales denigrantes y humillantes a las visitas, particularmente a mujeres y niñas”, como se expresa en el Informe anual sobre DD.HH. en Chile 2009. Situación que está lejos de cumplir con los estándares internacionales en esta materia.

Discriminación y derechos de la mujer
Chile no ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención, para la eliminación de la discriminación racial y la razón de esto, es que “Chile sabe que ese es un punto débil y que si lo ratifica, van a existir un número importante de peticiones relativas a discriminación que aún persisten, incluso en las normas”, como afirma Helena Olea, abogada de Corporación Humanas. La discriminación en Chile está repartida en organismos e instituciones y no sólo afecta a los pueblos originarios, porque también las mujeres y las personas con orientación sexual diversa, son diariamente discriminadas.


Corporación Humanas, un centro regional de DD.HH. y justicia de género, ve con preocupación la continua discriminación que sufre la mujer en Chile, donde algo tan usual en nuestro país, como el matrimonio bajo sociedad conyugal, no pasa los estándares mundiales, al dejar la administración de todos los bienes al marido, sin que la mujer participe en el proceso. Helena Olea cree que Chile está atrasado en este tema porque “se ha demorado en llevar a cabo reformas legislativas reconociendo la plena igualdad entre hombres y mujeres”. Esto ha llevado a la presentación de diversos casos frente a la CIDH por parte de dicha Corporación, como “el caso de una mujer que no pudo vender sus bienes propios y los que había heredado, por estar casada en sociedad conyugal, el caso de una joven mujer que fue expulsada del colegio por su orientación sexual y el caso de Karen Atala”, como afirma Olea.

Todos estos hechos ponen a Chile en falta con la comunidad internacional y Sebastián Piñera, en miras a la postulación al Consejo de DDHH de la ONU, ya ha tomado cartas en el asunto: el acuerdo alcanzado con los Mapuches y la modificación de la Ley Antiterrorista; la visita histórica de Piñera a la ex penitenciaría –es el primer jefe de Estado que lo hace – junto al anuncio de 11 medidas para mejorar las condiciones carcelarias; y la intención del gobierno de modificar el régimen de sociedad conyugal, donde se enviará a fines de esta semana, un proyecto que le otorgará mayores atribuciones a la mujer, son prueba de ello.



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-- RECIBIDO Y REENVIADO POR
Agrupación Solidaria de Ex Presos Políticos y Torturados de Magallanes